El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva: las almazaras tendrán que almacenar el 12% de su producción de la campaña 2026/2027, unas 188.000 toneladas, hasta el 30 de septiembre de 2027. La medida, publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado y en vigor desde ese mismo día, busca frenar la caída de los precios en origen ante una cosecha que se anuncia como una de las mayores de la serie histórica.
La decisión llega después de semanas de presión de las organizaciones agrarias, que reclamaban regular la oferta, y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiendo de sus riesgos para los consumidores. Estas son las claves de una medida sin precedentes en el sector.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Porcentaje a retirar | 12% de la producción mensual acumulada de cada almazara |
| Volumen estimado | Unas 188.000 toneladas |
| Desde cuándo | Producción de noviembre de 2026 (no afecta a la de octubre) |
| Hasta cuándo | 30 de septiembre de 2027 |
| Posible revisión | A partir del 31 de diciembre de 2026 |
| Producción prevista 2026/2027 | 1.602.596 toneladas (+23%) |
| Existencias iniciales | 357.040 toneladas (+23,3%) |
| Límite máximo de retirada | 20% de la producción estimada |
¿Por qué el Gobierno obliga a retirar aceite del mercado?
El motivo es la previsión de sobreoferta. Según los aforos de producción, la campaña 2026/2027 alcanzará 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior, lo que la convertiría en la cuarta mayor de la serie histórica. El Ministerio atribuye esta cosecha a una primavera de temperaturas suaves y lluvias abundantes, que favoreció la floración y el cuajado del fruto.
A esa producción se suman 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que al arrancar la campaña precedente, según los datos del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). La suma de ambas cifras alcanza el 120% de la producción media de las seis campañas anteriores, que es precisamente el umbral técnico que permite activar la retirada.
El Ministerio justifica la decisión en la necesidad de prevenir distorsiones en el mercado, garantizar la rentabilidad de los agricultores y proteger también los intereses de los compradores, dando estabilidad al mercado a lo largo de toda la campaña.
¿Cómo están los precios del aceite en origen?
La caída de precios es el telón de fondo de la medida. Según el Observatorio de Infaoliva, el aceite de oliva virgen extra se paga en origen a unos 3,2 euros, frente a los 5 euros de hace un año. Poolred, el sistema de información de precios del sector, calcula además un descenso del 6% solo en el último mes.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias, llevaban semanas reclamando que se activara el mecanismo. Sostienen que con las cotizaciones actuales los olivareros no cubren sus costes de producción y que, sin una regulación de la oferta, la abundancia de aceite empujaría los precios todavía más abajo.
¿Qué tienen que hacer las almazaras?
Cada almazara debe retirar el 12% de su producción mensual acumulada, con independencia de la categoría del aceite. La obligación se aplica a partir de la producción de noviembre, de modo que el aceite elaborado en octubre, primer mes de la campaña, queda fuera del cálculo.
Las almazaras pueden elegir qué categoría de aceite inmovilizan y si lo guardan en instalaciones propias o en depósitos ajenos. Ese aceite no podrá salir al mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, fecha en la que termina la campaña oleícola.
Para vigilar el cumplimiento, el Ministerio creará un grupo técnico de seguimiento que aprobará un plan de control. Su ejecución corresponderá a las comunidades autónomas, y los operadores deberán comunicar su producción mensual y sus existencias a través del SIMO, aportar la documentación que se les solicite y permitir inspecciones sobre el terreno.
¿Es la primera vez que se aplica esta medida?
Sí. El mecanismo forma parte de la norma de comercialización del aceite de oliva, incorporada a la legislación española mediante un real decreto en 2021 y amparada por el reglamento europeo de la Organización Común de Mercados Agrarios. Hasta ahora nunca se había llegado a activar.
La norma para esta campaña se aprobó mediante la Orden APA/1145/2026, de 29 de octubre, publicada en el BOE el 30 de octubre, y la resolución que fija ahora el porcentaje del 12% aplica su artículo 5. El sistema permite retirar como máximo el 20% de la producción estimada, por lo que el Gobierno se ha quedado por debajo de ese techo.
El porcentaje tampoco es definitivo. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de cómo evolucione la producción real respecto a las previsiones de los aforos.
¿Subirá el precio del aceite en el supermercado?
La retirada no tiene un efecto automático en el precio que paga el consumidor. El precio en el lineal depende también del envasado, la distribución y los márgenes comerciales. Lo que persigue la medida es sostener las cotizaciones en origen al reducir la cantidad de aceite disponible en el mercado, por lo que no cabe esperar que la caída de precios en origen se traslade de forma automática a las tiendas.
Precisamente por eso la CNMC se ha mostrado crítica. El organismo considera que la retirada supone una restricción a la libre competencia y advierte de que puede encarecer el producto para los consumidores. La industria envasadora también se ha posicionado en contra, al entender que la medida la perjudica.
El efecto real dependerá de cómo evolucionen la cosecha y la demanda en los próximos meses, en un contexto en el que los precios de los alimentos siguen pesando en el bolsillo de los hogares. Puedes consultar el último dato en nuestro análisis sobre la inflación en la eurozona en octubre.
¿Qué puede pasar ahora?
La primera fecha clave es el 31 de diciembre de 2026, a partir de la cual el Ministerio podrá revisar el porcentaje si los datos reales de producción se alejan del aforo. Hasta entonces, las almazaras irán acumulando la reserva mes a mes conforme declaren su producción en el SIMO.
Mientras tanto, el debate seguirá abierto entre quienes ven en la retirada una herramienta para evitar ventas por debajo de costes y quienes alertan de su impacto en la competencia y en el precio final. Todo ello en torno a un producto básico de la gastronomía española.
